Jaime Lamo de Espinosa, catedrático Emérito de la Universidad Politécnica de Madrid, Premio Rey Jaime I de Economía, impartió el 26 de enero una conferencia en la Academia Matritense del Notariado, en Madrid, sobre la Constitución de 1812 –que cumple este año su segundo centenario- y la desamortización de bienes de propios, convulsa época que le lleva a formular alguna reflexión sobre aquella política, sus razones de entonces y el cierto paralelismo existente con algunos hechos económicos que caracterizan la actual y específica crisis que padece nuestro país. A continuación, se recoge la última parte de su intervención.
Creo haber mostrado que las desamortizaciones del XIX, incluida la de Madoz para los bienes de propios, es decir de ayuntamientos, nacen básicamente de la necesidad de hacer frente a una deuda creciente
y la de poner más tierras en producción para generar alimentos. Pues bien hoy no tenemos ese problema
agrario. Pero los niveles de nuestro déficit –en todos los escalones de nuestra extensa administración– y de deuda son preocupantes y dificultan salir de la senda del desempleo y la recesión. La Unión Europea nos lo advierte.
Cualquiera que sepa algo de economía lo entiende en el primeranálisis. Y las recientes decisiones del nuevo Gobierno traen causa directa del famoso déficit cuantificado en un 8 y no en un 6,3%.
Tres problemas cruciales soporta hoy la economía española:
- Un déficit agudo y que sigue creciendo
- Un paro ya superior al 22% que más que duplica la media de la eurozona y muy grave en la población joven
- Y unas comunidades autónomas y unos ayuntamientos que han multiplicado sin control su gasto, terriblemente endeudados y sin salidas inmediatas a sus graves problemas de gasto.
A la postre, se está poniendo en cuestión la racionalidad del modelo de ayuntamientos y la gestión municipal, la dimensión de nuestro sistema autonómico y el reparto competencial muchas veces duplicado o triplicado en el actual sistema.
Las CC.AA. están altamente endeudadas fruto de un gran desequilibrio entre gastos e ingresos, lo que acarrea un alto nivel de déficit. Y su deuda total ascendía a 135.151 M€ (tercer trimestre de 2011) pero
era de 60.160 a finales de 2007; es decir había más que duplicado su importe al inicio de la crisis. En algunas ya son calificados sus bonos por las agencias de rating como bonos basura.
Las corporaciones locales, por su parte, pasaron en esas fechas de 29.392 a 36.701 M€,con un aumento de casi 1/3 de esa deuda, de los que 15.364 M€ corresponden a municipios no capitalinos y, por tanto, más, en principio, rurales.
En su auxilio pueden acudir los bienes escasa o nulamente productivos,ahora regulados por el reglamento de Bienes de las Entidades Locales de 27 de mayo de 1955 y por la Ley de Bases del Régimen Local de
1985 y sus normas de desarrollo.
De los millones de hectáreas forestales que existen en España, 1.400.000 son del Estado o CC.AA. y 6 millones de ayuntamientos (hemos excluido de tal cómputo las algo más de 600.000 ha de montes vecinales
en mano común). El resto es propiedad privada.
en mano común). El resto es propiedad privada.
Esos 7,4 millones de hectáreas públicas, ¿generan rentas o costes?,¿aportan financiación a las CC.AA. y ayuntamientos –como ocurría en el XIX– o les hace soportar gastos que se añaden a los demás?
La mayor parte de esos montes son hoy fuente de gasto de ayuntamientos y comunidades (prevención de incendios, cuidados forestales, etc.) y muy poco de ingresos, porque ni el aprovechamiento de leñas, resinas, pastoreos, caza, etc., generan, en su mayor parte, ingresos que compensen los costes de la propiedad ni los vecinos hoy lo aprecian o reciben ayudas en forma de leñas, pastos, resinas, etc. salvo en muy pocos de ellos.
En conclusión, muchas de esas superficies de monte en manos públicas – ojo, no todas– no son aprovechadas o en muy pequeña proporción mientras que exigen gastos de conservación y mantenimiento enormes, por lo que muchos municipios y CC.AA. no las desarrollan dadas sus precarias situaciones financieras.
Y si el Estado en los años anteriores ha ido liquidando susactivos, sus propiedades industriales
(siderurgias, navales, energía, aviación, etc.), financieras (banca oficial), inmobiliarias, etc. vía ventas de la SEPI ¿qué sentido tiene hoy mantener propiedad agraria en manos públicas si suponen costes y no rendimientos?
Mi pregunta, entonces, es:
en aquellos ayuntamientos o CC.AA., propietarios de montes arbolados o no, donde tales propiedades no rindan ninguna utilidad y sean además fuentes de gasto, ¿cabría enajenarlas?, ¿valdría la pena pensar en otradesamortización, esta voluntaria, acordada por cada ayuntamiento, cuya finalidad sea como en las precedentes la amortización de deuda autonómica o municipal y la mitigación de sus grandes déficits?
Si imaginamos que tales superficies fueran puestas a la venta y enajenadas en una proporción estimada de
solo 1/3 (no olvidemos que habría que excluir las hectáreas públicas insertas en Parques Nacionales o Naturales, así como los montes vecinales en mano común) supondría unos ingresos de entre 1.400 y 4.200
millones de euros para las CC.AA. y otros 6.000-18.000 millones para ayuntamientos.
Son cifras suficientemente interesantes como para reflexionar sobre ellas.
Pero que estas cifras globales no conduzcan a engaño: la deuda es de cada ayuntamiento y la propiedad forestal de cada uno, algunos no poseen ninguna hectárea agrícola o forestal. Solo la biunívoca coincidencia permite hacer operativa la solución.
Algunos podrían alegar en contra el riesgo de deforestación y las pérdidas medioambientales.
Respecto a lo primero, hay que advertir que España es hoy el país europeo donde más aumenta la superficie de bosques, donde hay más zonas protegidas vía Parques Nacionales, Naturales,
zonas ZEPA, LICs, Red Natura, etc. en términos relativos de toda Europa.
zonas ZEPA, LICs, Red Natura, etc. en términos relativos de toda Europa.
Y aunque “solo un 12,3% de la superficie forestal tiene algún plan de ordenación”, una gestión sostenible no se da solo bajo propiedad pública, también bajo manos privadas que cumplen la ley igual que el sector
público.
Respecto a las pérdidas medioambientales, no hay que olvidarque a todos nos interesa la conservación de los sistemas boscosos que evitan la erosión, influyen en el clima, aportan valor paisajístico, son los mayores sumideros de CO2 y, por tanto, de gases de efecto invernadero y producen oxígeno.
Y no habría riesgos de arranques o laborización porque España es hoy un país donde las leyes de protección forestal son casi más exigentes con particulares que con la propia Administración. Por tanto, la enajenación de tales bienes y su inclusión en la órbita privada en nada minoraría, más bien lo contrario, las
atenciones y cuidados que tales montes precisan por ley.
Y en las condiciones de las subastas, de hacerse, podría fijarse límites a procesos de urbanismo u otros.
¿Es factible, legal y administrativamente, tal propuesta?
No soy jurista, pero lo he consultado con algunos muy reputados que me confirman que existen instrumentos jurídicos suficientes en la Constitución, en la normativa de régimen local, así como en la
Ley de Patrimonio del Estado como para permitir la transmisión a entidades privadas de aquellos bienes que son del patrimonio de las Administraciones Públicas y de aquellos que, siendo de dominio público, hayan perdido tal carácter y puedan ser desafectados y susceptibles de ser enajenados.
En conclusión, la Administración del Estado, algunas CC.AA. y muchas entidades locales, si así lo quieren y
pueden, porque disponen de bienes enajenables y no rentables para sus vecinos, podrían enajenar bienes integrantes de su patrimonio, previa su desafectación, contribuyendo así a salir de la enorme ratonera financiera en la que se hayan inmersas esas mismas entidades.
¿Habrá demanda solvente?
No lo sé. Es la pregunta del millón. Pero esa fue la pregunta a mitad del XIX y la burguesía afrontó tal reto con compras masivas de bienes.
¿Vale la pena intentarlo? La respuesta es solo de ayuntamientos y comunidades.